Informe especial Cuestiona voluntad del Presidente
Rosalía Sosa Pérez, directora ejecutiva de Participación Ciudadana, tiene serias dudas de que el presidente Danilo Medina tenga intenciones de perseguir y castigar la corrupción, a sabiendas de que el mandatario asumió ese compromiso cuando rubricó el protocolo por la transparencia e institucionalidad en la República Dominicana.
“Eso nos preocupa mucho. El presidente Medina no ha dado una señal de que quiere perseguir y castigar la corrupción”. Ese fue uno de los compromisos de Medina en la controversial campaña electoral del año pasado, cuando el hoy mandatario era candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana.
Su preocupación se basa, según la directora ejecutiva de Participación Ciudadana, en que a pesar de persistentes denuncias de corrupción en el Estado provenientes de instituciones de la sociedad civil y de organismos internacionales, no se castiga a los responsables.
“Necesitamos un verdadero sistema de consecuencia, que caiga quien caiga, caiga. Fíjate en el caso de Figueroa Agosto. Muchas personas pudieron accionar durante mucho tiempo y sin embargo no tenemos ni un funcionario público, ni un militar (llámese Ejército Nacional, Marina de Guerra, Fuerza Aérea Dominicana) que haya sido acusado investigado, acusado o condenado. Es imposible creer que ese grupo haya operado sin el apoyo estatal”.
Insiste en que en nuestro país los funcionarios públicos “de una u otra manera” se enriquecen a costa del Estado y no asumen su rol, no cumplen con sus responsabilidades, sino que aprovechan las posiciones para enriquecerse.
“Otra responsabilidad del Presidente Medina es la revisión de la nómina del Ministerio de Relaciones Exteriores. Nosotros no hemos vista nada todavía, a pesar de que existe un sinnúmero de embajadores cónsules, vicecónsules y otros diplomáticos con asiento en la República Dominicana y otros que están en esos países y no ejercen una función, pues están estudiando. En otros casos, tenemos embajadores que viven en el país, cuando deben estar en sus misiones, y sin embargo lo vemos a diario en los medios de comunicación”.
Esa es, según Rosalía Sosa, una flagrante violación a nuestra Constitución y es solo un aspecto de una serie de promesas electorales que todavía no enfrenta ni resuelve el presidente Danilo Medina.
La directora ejecutiva de Participación Ciudadanamantiene en su escritorio el documento firmado por Medina el 7 de mayo de 2012, a iniciativa de ese movimiento cívico no partidista, en presencia de representantes de 9 organizaciones de la sociedad civil.
“Observamos, además, que los ministerios siguen pagando espacios publicitarios, comunicados que no son de interés de la población, sino interés personal del ministro o funcionario de una cartera. Esa falta de cumplimiento nos preocupa”.
Cambio climático. “Nosotros como isla no estamos prestando atención en el tema del cambio climático. Participación Ciudadana, capítulo Transparencia Internacional, tiene un proyecto y estamos monitoreando los fondos que recibe el Estado dominicano y las políticas hacia el cambio climático.
“Son siete países que fueron identificados y Participación Ciudadana-República Dominicana está en ese trabajo de cambiar la cultura con el tema del cambio climático. Se ve la realidad, por ejemplo, con la crecida del lago Enriquillo y es algo que debe llamar la atención y escuchar a los especialistas de medio ambiente de que los dos lagos se van a unir.
“Nosotros estamos monitoreando todas las políticas del Estado relativas al cambio climático, qué están haciendo las autoridades para preservar el medio ambiente y los fondos nacionales e internacionales que recibe el país a donde van, en lo que respecta específicamente a la problemática del cambio climático”.
¿Se puede juzgar a Leonel en los tribunales? “El expresidente Leonel Fernández es un ciudadano como todos y puede ser juzgado. No solamente como exfuncionario, sino también como ciudadano”.
Las leyes no privilegian a nadie y más grave cuando un Presidente, un ministro, un funcionario público, viola la ley y la Constitución de la República. Se supone que está más comprometido y tiene un deber de cumplir y hacer cumplir las leyes y la Constitución”
Ahora bien, corresponde al Ministerio Público investigar no solamente las pruebas depositadas, sino que en el proceso de investigación las pruebas que se levanten, porque no solo se va a investigar las pruebas que deposita un ciudadano, una institución, sino que si hay méritos debe continuar la investigación y eso debe hacerse no solamente para el cumplimiento de la función, sino para la transparencia de que en este país hay una voluntad de perseguir la corrupción. Es lo que se ve hacia afuera y lo que percibe la población”.
En diversas encuestas que se han realizado, los ciudadanos han hecho valoraciones de la gestión del presidente Medina, específicamente de la corrupción, inseguridad ciudadana y calidad de vida.
La ciudadanía se ha dado cuenta, según los resultados de esas encuestas, de que el Gobierno no tiene interés de perseguir la corrupción.
“El narcotráfico, el sicariato y el crimen organizado han encontrado un nicho en este país porque han podido penetrar al Estado a través de la corrupción. Fíjate en el caso de Arturo del Tiempo, quien hasta salió en una fotografía al lado del entonces Presidente (Leonel Fernández). Las autoridades españolas investigaron y lo privaron de su libertad. Sin embargo, aquí no ocurrió nada. Por eso la República Dominicana sigue con esos índices de corrupción que nos avergüenzan”.
El presidente Medina solo tocó el tema cuando se juramentó, pero posteriormente dijo que no perdiéramos el tiempo tirando ladrillos hacia atrás.
¿Borrón y cuenta nueva y que siga la fiesta? Rosalía responde: “Lamentamos muchísimo esas declaraciones del presidente Medina. Participación Ciudadana, en casi 20 años de existencia, es coherente y vamos a seguir trabajando en su lucha contra la corrupción y la impunidad”.
Rosalía Sosa
Economista y abogada, con pasantía en la Sala Constitucional del Poder Judicial de Costa Rica, en el Tribunal Constitucional de España y en el Tribunal Constitucional de Colombia.
Desde 1993 hasta 1995, subcontratada por la Suprema Corte de Justicia y el Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente (Ilanud).
A partir del año 1995 hasta 1997 fungió como coordinadora del Programa Piloto de Defensa Pública, además de defensora pública. De 1997 hasta 1998 laboró como directora del referido Proyecto.
En 1999 hasta 2001, subcontratada por Chemonics International como responsable del Proyecto Fortalecimiento del Estado de Derecho.
Desde junio de 2001- a 2003 fungió como subdirectora del Proyecto Modernización de la Justicia y directora del Proyecto de la Oficina Nacional de Defensa Judicial, adscrita al Poder Judicial.
Fuente: Periódico Hoy
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