SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
LEGISLADOR RESPONDE HOY ACUSACIÓN DE DIFAMACIÓN E INJURIA
El ex presidente Hipólito Mejía demandó ayer al senador Wilton Guerrero por ante la Suprema Corte de Justicia, por presunta difamación e injuria, y reclama una indemnización de RD$50 millones por daños y perjuicios ocasionados al decir que el entonces candidato presidencial del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) habría utilizado recursos del narcotráfico para su campaña electoral.
La demanda en contra del senador de Peravia por el Partido de la Liberacion Dominicana (PLD) fue presentada por Mejía a través de sus abogados Julio Cury y Jesús Feliz Jiménez, por ante la secretaria general de la Suprema Corte, Grimilda Acosta de Subero, por violación a los artículos 29 y 33 de la Ley 61-32 sobre Expresión y Difusión del Pensamiento.
En la demanda también fue incluido el periodista Osvaldo Santana, director del periódico El Caribe, contra quien el ex mandatario reclama el pago de una indemnización de un peso simbólico.
Wilton responde hoyAnoche el senador Guerrero convocó para hoy a las 10:00 de la mañana una rueda de prensa, en la que según se informó respondería al sometimiento que le hizo el ex mandatario.
Mejía se siente difamado porque el senador declaró en ese medio de comunicación, el 17 de mayo pasado, tres días antes de las elecciones presidenciales, que el ex candidato fue transportado por el piloto y hombre de íntima confianza del jefe del cartel de Sinaloa, México, conocido como Joaquín “El Chapo” Guzmán.
“Quiero emplazar a Hipólito Mejía a revelarle al país los detalles reales de su viaje a Sinaloa, y con cuáles empresarios o personas se reunió, ya que los informes que se tienen es que el móvil no fue una supuesta feria agropecuaria, como su equipo de campaña dijo aquí, sino buscar recursos del narco para financiar su campaña electoral.
Ese fue un viaje envuelto en el misterio, al cual Hipólito nunca se ha querido referir”, advirtió el senador en ese momento.
En la demanda, Mejía expresa que no por su condición de ex presidente de la República sino de ciudadano común, él es acreedor de consideración y respeto, “y muy particularmente de que cualquier apuntalamiento que se haga sobre su persona no exceda los límites fijados por la Constitución y las leyes”.
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